Los juicios por corrupción tienen demoras de 14 años

Es el tiempo que tardan en resolverse las denuncias. Y casi nunca se dictan condenas. Lo comprobó un estudio sobre casos emblemáticos. ¿Las razones? Jueces ineficaces, abogados tramposos y falencias de la ley.
Fuente: "El Consultor Web".
Robe hoy y pague en 14 años". Podría ser un aviso muy tentador para funcionarios corruptos, pero la realidad es aún más generosa. Catorce años dura en promedio un juicio por corrupción, pero lo más probable es que, al final del camino, el acusado sea declarado inocente, que la causa se cierre por falta de pruebas o prescriba porque, claro, ha pasado tanto tiempo.
La corrupción es noticia cuando se la denuncia, cuando un funcionario tiene que dar explicaciones o cuando renuncia a su cargo, como acaba de ocurrir con Felisa Miceli, quien se apartó del Ministerio de Economía. Lo que sigue es un lento, silencioso y complejo trámite cuyo resultado conocemos: hoy no hay ningún detenido por causas de corrupción y en los últimos cinco años, sobre un total de 750 causas, sólo se ha condenado a 15 personas -en general a funcionarios de segunda línea-, entre ellos a María Julia Alsogaray, hasta hoy toda una excepción.
Esa estadística pertenece al Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que sigue de cerca estos procesos y está terminando un informe sobre la duración de los procesos de corrupción. Clarín accedió a ese estudio, hecho en colaboración con la UBA, donde se pone en evidencia la lentitud de la Justicia a la hora de investigar al poder. De allí surge que el promedio de los juicios consume 14 años. Y que el 20% acaba por cerrarse con la prescripción del delito, una figura que anula cualquier definición porque se considera excesivo el tiempo dedicado a buscar la verdad.
Si se coteja esa información con un estudio de la Procuración General de la Nación, que había calculado el tiempo de un juicio ordinario en un año y 5 meses, la lentitud en los casos de corrupción se hace aún más evidente. Insumen, hoy, casi diez veces más que cualquier otro proceso.
La corrupción no es sólo un asunto de ética. El CIPCE ha calculado que desde 1980 hasta el 2006 la corrupción ha privado al Estado de unos 10 mil millones de dólares, el equivalente a lo que gastaría durante 10 años el Ministerio de Desarrollo Social con sus planes de asistencia a pobres. Otro cálculo, hecho por la Procuración en el 2006, estimó que la Justicia hoy está investigando, en todo el país, delitos contra el Estado por más de 7.000 millones de pesos. Pero esto es sólo lo que conocemos. Otros miles de millones se escurren en bolsillos de funcionarios y actores privados sin que nadie lo note.
Pericias interminables, exhortos judiciales que van y vienen a los tumbos por el mundo, recursos que paralizan las investigaciones, complicidades del Poder Judicial y leyes insuficientes. Ahí están los componentes de los juicios sobre la corrupción; las razones de su tardanza para probar, o no, delitos que imponen penas de hasta 7 años de prisión. Esa es la pena máxima prevista para la malversación de caudales públicos, lo que se le imputa por estas horas a Miceli.
Tanto plazo para "investigar" empuja las causas hacia la prescripción, es decir, al cierre por exceso de plazo procesal. Aunque no hay un registro preciso sobre esto, el estudio del CIPCE -que analizó 50 causas emblemáticas- sostiene que dos de cada diez causas se cierran por ese mecanismo. Es lo que ocurrió con el proceso contra la administración de ATC a cargo de Gerardo Sofovich, al que se le atribuía el despilfarro de 8 millones de pesos. Tras nueve años de supuesta investigación, la Justicia claudicó.
Clarín cruzó los datos del estudio del CIPCE con otras dos investigaciones recientes -una de la Procuración General y otra de la Oficina Anticorrupción-. El resultado es una radiografía de la impunidad, que cuenta con importantes aliados:
Incapacidad de los jueces. En algunas entrevistas realizadas por el CIPCE, funcionarios del Poder Judicial admitieron que no hay un método ni conocimiento suficiente para investigar los delitos complejos o de "guante blanco". "En cada juicio se empieza de cero", graficó uno de los jueces (ver La preocupación...).
Causas cajoneadas. Motivaciones políticas o de otra clase llevan a algunos jueces a dormir expedientes por años. El problema es que el sistema procesal actual permite y hasta ofrece mecanismos para que eso ocurra. Por ejemplo, las pericias que encargan los jueces suelen tardar un tiempo excesivo, demorando así definiciones sobre el fondo de la cuestión. En promedio, según el estudio de la Procuración, esas pericias (contables, caligráficas) ocupan hoy 2 años de estudio. Fueron pericias, por ejemplo, las que retrasaron por años el proceso contra María Julia Alsogaray o actualmente contra el primer jefe de la Policía Federal de Néstor Kirchner, Roberto Giacomino, acusado en 2004 de comprarle a un familiar directo un sistema informático millonario para el Hospital Churruca.
Falta de fuerzas de investigación independientes. La Policía Federal, Gendarmería, la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Los organismos a los que se les encargan las investigaciones dependen del Poder Ejecutivo. Según la investigación de CIPCE, eso afecta directamente el resultado de los casos. La solución, que reclaman desde hace tiempo en el Poder Judicial, sería crear policías judiciales, que dependan de la Corte Suprema o de los fiscales. El caso más claro es el de la SIDE. Es el organismo más leal al Presidente, sin control externo, y tiene el monopolio de las escuchas telefónicas. Nadie imagina a la SIDE escuchando a funcionarios del Gobierno a espaldas de la Casa Rosada.
Los artilugios de los abogados. Las causas donde se investiga la corrupción son complejas, pero también se las complejiza a propósito. Los planteos de forma sobre el proceso -cuestionamientos a pericias, a decisiones del juez- son una excepción en los procesos donde se investigan delitos comunes, como robos o asesinatos. En las causas por corrupción, en cambio, son una rutina que entorpece las causas. Los defensores de los sospechosos son en general estudios jurídicos poderosos y caros, que presentan quejas y planteos, muchas veces con la intención de dilatar el proceso. En la causa IBM-Banco Nación -uno de los más paradigmáticos hechos de corrupción de los noventa- se han presentado más de 100 recursos.
Falta de una legislación eficiente. Pedro Biscay, director del CIPCE, sostiene que la legislación vigente no contempla a delitos modernos como los complejos mecanismos financieros para cobrar reintegros del Banco Central, un sistema de corrupción muy común en las últimas décadas. "Se debería atacar el dinero. Intentar recuperarlo, algo que hoy no se puede salvo que esté probada la responsabilidad penal de los imputados".
Falta de garantía a los testigos. En esto hace hincapié el CIPPEC, otra ONG dedicada a las políticas públicas. Su director de Transparencia, Christian Gruenberg, sostiene que los denunciantes de la corrupción no tienen garantías de seguridad suficientes ni incentivos.
¿Y cómo avanzar contra los corruptos si nadie habla? A la complejidad de probar una coima, una transacción financiera que evade al Fisco, o una licitación dirigida a dedo -típicas conductas corruptas-, se le suma el silencio de los que saben. Y los corruptos agradecen. El tiempo, excesivo, se ocupará del resto.