Amplio respaldo a Kirchner en el pedido para que se activen las causas por la represión

POLITICA I DERECHOS HUMANOS Organizaciones de derechos humanos, funcionarios y diputados dieron un contundente respaldo a la demanda del Presidente para que se aceleren los juicios contra los represores de la última dictadura, en su mayoría paralizados desde hace tres años en la Cámara de Casación Penal.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, reiteró hoy que no hubo "intromisión" del jefe del Estado en el ámbito de la Justicia cuando solicitó celeridad en las causas de lesa humanidad. "No le está dando ningún tipo de instrucción (a la Justicia), ni diciendo lo que tiene que hacer", por lo tanto "no es conflicto de poderes", razonó el titular de la cartera política. En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien dijo que "es un derecho del Presidente y de todos los ciudadanos, un reclamo hecho a la luz pública. No es más que reclamar que uno de los tres poderes funcione adecuadamente". El sábado último, el presidente Kirchner pidió que se activen las causas relacionadas con la ESMA y el I Cuerpo de Ejército, en especial. Al mismo tiempo se divulgó que 60 personas denunciaron al titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, y a otros tres jueces de la sala IV por las demoras en la instrucción de justicia. Bisordi, en un intento de dar crédito a una supuesta intromisión de un poder sobre el otro, declaró hoy que "no va a renunciar ni ceder a ningún apriete, provenga de donde provenga". El jefe de Gabinete consideró que lo "verdaderamente cuestionable sería que el Presidente se haga el distraído frente a semejante negación de justicia y que se vuelva cómplice del silencio de los jueces". El diputado Carlos Kunkel, integrante del Consejo de la Magistratura, evitó pronunciarse sobre un pedido de renuncia a Bisordi, pero al referirse a la cámara se[aló que "es un área del Estado que se caracteriza por ofenderse mucho cuando le piden que trabaje". El legislador recordó que si Bisordi "considera que el Presidente está atropellando las instituciones, cosa que según dijo no hacía (Jorge) Videla, debería iniciar las actuaciones judiciales correspondientes y, si no, está incumpliendo los deberes de funcionario público". También el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, terció sobre la cuestión de los poderes. "En los últimos 40 a[os, entre otros muchos actos aberrantes, se depuso por la fuerza a la Corte Suprema, se removió jueces del desde el poder militar, se secuestró y asesinó, se prosternó al conjunto de los magistrados obligándolos a jurar fidelidad al estatuto dictatorial y se instaló el brutal terrorismo de Estado", puntualizó Duhalde. También representantes de tres organismos de derechos humanos salieron al cruce de las declaraciones de Bisordi. Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, dijo que los jueces de Casación "tendrían que irse y el Estado no tendría que pagarles la jubilación". Tati Almeida, de Madres-Línea Fundadora, afirmó estar "totalmente de acuerdo" con lo pedido por Kirchner y agregó que "de ninguna manera está invadiendo el Poder Judicial", mientras que Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, expresó que "no es la única traba que hay que resolver". Bisordi sostuvo hoy que no lo "enorgullecía" haber calificado de terrorista a Graciela Daleo en su momento, cuando ofició como fiscal en el juicio contra Mario Firmenich, fundador de Montoneros. Jorge Kirszenbaum, ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), recordó que Bisordi ya tiene un pedido de juicio político en la Magistratura por un fallo con el que beneficio a un grupo de skinheads. En abril de 1998, el tribunal Oral Federal Nro. 3 condenó a cuatro a[os de prisión a los cabeza rapada por atacar a otra persona bajo la consigna "judío de mierda". La Cámara de Casación, seis meses más tarde, entendió que la expresión no era hostil, sino "un grito de guerra comúnmente utilizado por estos grupos".