A 31 años del golpe

Con motivo de conmemorarse el XXXI aniversario del Golpe de Estado de 1976, la gran mayoría de los gobiernos provinciales del país –con una importante participación de Santa Fe- emitieron una declaración nacional. Fuente: SM

Declaración de las provincias al Consejo Federal de Derechos Humanos

Al conmemorarse mañana el XXXI aniversario del rompimiento institucional que, con la complicidad de algunos sectores de la dirigencia política y el silencio condescendiente de gran parte de la sociedad diera inicio a la más oscura noche de nuestra historia, manifestamos nuestro enérgico repudio al golpe de estado del 24 de marzo de 1.976.

Las minorías oligárquico-militares ya habían alterado la vida política e institucional de nuestro pueblo con los bombardeos a la Plaza de Mayo de 1955, el golpe de estado de septiembre del mismo año, los fusilamientos de Junio del 56 y la interrupción de mandatos civiles con mayorías proscriptas en 1962 y 1966. Pero en 1976 se instauró un plan sistemático de terror y exterminio, de persecución, torturas, muerte, exilio y desapariciones de personas que se multiplican al infinito por cada uno de los familiares, amigos y conocidos que tuvieron que padecer el genocidio.

El plan sistemático tuvo su fin en 1983, pero sus consecuencias económico -sociales, de exclusión, ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, desindustrialización, desprecio a los derechos laborales adquiridos, continuó solapado dentro de nuestra sociedad.

Años de memoria y búsqueda de memoria

Pero estos 31 años son también años de Memoria de sobrevivientes que con su doloroso testimonio denunciaron la existencia y finalidad de los Centros Clandestinos de Detención, a cargo de las fuerzas militares y policiales.

Treinta y un años de una ejemplar búsqueda de Verdad de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las primeras en sacar a la luz las atrocidades que cometía el Terrorismo de Estado, aisladas en un comienzo y sufriendo ellas mismas la desaparición de sus compañeras.

Son 31 años de Memoria y Búsqueda de Justicia, a través del juicio a las Juntas que demostró fehacientemente el siniestro plan de aniquilamiento, pero también el retroceso que implicaron las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

Son 31 años de difusión de esa Memoria que fue sumando a otras generaciones a la lucha: la voz de los HIJOS, la voz de los niños apropiados y recuperados.

Hoy, vivimos en un punto de inflexión en que la Memoria es una herramienta fundamental del proceso. Hoy se reactiva nuevamente lo que nunca debería haberse detenido.

Defensa de los derechos humanos

Nos identificamos con la activa y firme política de defensa de los Derechos Humanos promovida por el Gobierno Nacional, impulsando el Juicio y Castigo a los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad. Hacemos nuestro el pedido del Presidente Néstor Kirchner, con respecto a que los asesinos estén en cárceles comunes y se procure la mayor celeridad en los procedimientos judiciales.

Reconocemos la incansable lucha de los organismos de derechos humanos que posibilitó la reapertura de las investigaciones a partir de la sentencia dictada por la Corte Suprema de la Nación en los casos Simón y Etchecolaz

La paz y la convivencia

Anhelamos la Paz y la convivencia armónica de la sociedad argentina. Paz que debe edificarse sobre la Verdad , la Memoria y la Justicia. No cejaremos ante las acechanzas de los nostálgicos y violentos que profieren amenazas y proclaman el olvido. Las intimidaciones a algunos testigos y secuestros de otros así como las amenazas a magistrados no encontrarán otra respuesta que más demanda de Memoria, Verdad y Justicia.

Reafirmamos el compromiso asumido por el Presidente de la Nación de erigir a la política de derechos humanos como una Política de Estado, más allá de cualquier bandería partidaria.

Construir una cultura

Se lo debemos a los 30.000 compañeros desaparecidos, a sus familiares, a los organismos que han luchado estos 31 años, y a toda la ciudadanía argentina que hoy toma conciencia de la hora que le toca, y que no duda en afirmar que con impunidad y sin Verdad y Justicia no hay Estado de Derecho. Es nuestro desafío construir una democracia basada en la cultura del respeto a los Derechos Humanos.