Para hacer más eficiente la lucha contra el proxenetismo

Santa Fe Fuente el UNO

La provincia creó una mesa de trabajo para combatir la prostitución y la trata de personas. La medida se tomó luego de que autoridades nacionales se entrevistaron con el ministro Rosúa.

Luego de la reunión de la semana pasada, entre autoridades del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados y representantes del Gobierno Nacional, quienes expresaron su preocupación por la problemática de la prostitución, el proxenetismo y la trata de personas, se creó una mesa de trabajo para el abordaje de este tipo de delitos en la provincia. En realidad, el caso detonante fue el de las santafesinas María Cristina Ojeda y Romina Gamarra, dos jóvenes de 21 y 18 años que primero denunciaron haberse escapado de un prostíbulo de Santiago del Estero, donde las tenían obligadas a trabajar y, después de nueve meses, manifestaron –cada una por su lado– en Diario UNO, que todo era parte de una mentira porque sus proxenetas las habían engañado con otras dos chicas. En tal sentido, dos legisladores santafesinos que participaron del encuentro con las autoridades, Rául Lamberto y Alicia Gutiérrez, expresaron su intención de colaborar con la Mesa de Trabajo, a cargo del doctor Gustavo Rubén Heredia, que estará destinada a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, siempre y cuando se demuestre “voluntad política para avanzar en cambios operativos y normativos” en la provincia. Coacción y amenazas Más allá de la razón por la cual el Estado santafesino decidió dar un paso importante en contra de la trata de personas, la diputada del ARI Alicia Gutiérrez, afirmó a Diario UNO que fue desde la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja donde se trabajó en la elaboración de un informe sobre el caso Ojeda-Gamarra, que elevaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la Oficina Antiimpunidad (del Ministerio de Justicia) y también al Ministerio del Interior. Esa situación fue la que motivó la presencia ante el ministro Roberto Rosúa y el subsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Gustavo Peters; de la coordinadora del Área Género de la secretaría nacional, Graciela Vargas; del doctor Pierri, que es el coordinador del Programa Nacional Antiimpunidad y la abogada Daiana Lugotti, que es la responsable de este tipo de causas en el interior del país. “Estábamos preocupados porque no se avanzaba en este tema, nosotros en la reunión anterior le habíamos solicitado al doctor Rosúa una ayuda económica integral para Romina y su familia, la orden de captura de esos prófugos que son los proxenetas y también le habíamos pedido una serie de medidas que tienen que ver con la seguridad. Pero no hubo nada de eso”, explicó la legisladora opositora. Incluso, los diputados están convencidos de que María Cristina Ojeda y Romina Gamarra retiraron sus denuncias por haber sido coaccionadas; además, la preocupación se acrecentó mucho más cuando se enteraron de que el juez de Instrucción, Diego De la Torre, cerró la causa por el secuestro y el ejercicio obligatorio de la prostitución. “Se están violando tratados internacionales que firmó Argentina, en el cual ni siquiera se tiene en cuenta si la voluntad de la víctima se retracta o no, porque se considera que esa voluntad está viciada. Además, tampoco se tuvo en cuenta la reciente aprobación del Congreso de la Nación a la convención internacional Cedau, que es el protocolo para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer”, expresó Gutiérrez. —¿Está convencida de que estas mujeres se retractaron a partir de algún tipo de coacción que sufrieron? —No nos caben dudas, es el modus operandi de estos grupos (en referencia a las redes de prostitución y proxenetismos), que es la retracción de las víctimas a partir de la coacción y amenazas.