Reconquista - Grave situación institucional: conflicto de poderes entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante

El Concejo creó por decreto interno una comisión investigadora para analizar lo que los concejales de la oposición consideran graves irregularidades en la ejecución del presupuesto 2005. El Ejecutivo vetó el decreto (veto que el Concejo no trató por considerarlo ilegal) y desconoce a la Comisión Investigadora. Pero el intendente Morzán fue aún más allá: acaba de vetar también el decreto del Concejo que rechaza la ejecución presupuestaria 2005. La oposición (ARI, PS y UCR) dice que Morzán actúa “fuera de la ley, materializando una ostensible y condenable actitud antidemocrática”. Por su parte, el intendente afirma que es todo una cuestión política ya que “sólo piensan en las elecciones del 2007”. Fuente: SM


El Concejo Municipal de Reconquista está integrado por 9 concejales, de los cuales 5 son justicialistas (Frente para la Victoria) y 4 del Frente Progresista (3 radicales y una socialista). Pero el partido gobernante (PJ) nunca pudo hacer uso de esa mayoría porque uno de sus concejales, nada menos que el presidente, el arquitecto Fernando Blanco, es disidente del oficialismo y son muchas las veces que acompaña con su voto las propuestas de la oposición.

Todo comenzó a fines del año pasado, más precisamente en los últimos días de noviembre de 2005. Por aquellos días el ejecutivo ingresó al Concejo un pedido de ampliación presupuestaria por $ 4,8 M (el presupuesto original era por $ 15,6 M) y escandalizó a los concejales de la oposición y al presidente del cuerpo, quienes consideraron que esa plata, o la mayor parte de ella ya había sido gastada. Pidieron, entonces, una serie de informes que sólo fueron respondidos en forma parcial por la secretaria de Hacienda, CPN Marcela Borgo, que lejos estuvieron de satisfacer los requerimientos del Concejo. Luego del receso, en marzo de este año, el Concejo formalmente rechazó la ampliación presupuestaria 2005. Antes de eso, el 6 de enero, dos dirigentes del ARI (que no tiene representación parlamentaria), el abogado Rolando Galfrascoli y el CPN Osvaldo Ormaechea, denunciaron penalmente en los tribunales locales a la secretaria de Hacienda y al intendente por “abuso de autoridad, violación de las ordenanzas de contabilidad y de presupuesto y de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas y de la Constitución Provincial”, porque –sostuvieron- “se habían utilizado los dineros públicos sin autorización y violando toda normativa vigente en materia de fondos públicos”. De acuerdo con lo señalado por uno de los denunciantes, Rolando Galfrascoli, “acá y en cualquier lugar del país, a través del Código Penal que tenemos, ello se considera delito, un delito formal de cumplimiento instantáneo y que se comprueba con la documentación presentada”.

Tiempo después, en abril de este año, los concejales de la oposición Hugo Firmán, Daniel Paiz, Héctor Gregoret y Silvia Virili, se sumaron a la denuncia en una presentación hecha ante la fiscalía del Dr. Ireneo Berzano, y propusieron la creación de una Comisión Investigadora en el Concejo, que fue aprobada con el voto favorable del disidente justicialista Fernando Blanco. También, y a posteriori, los ediles rechazaron la ejecución presupuestaria 2005 que el ejecutivo presentó con un déficit de casi $ 3 M.

Ambos decretos (creación de la investigadora y rechazo presupuestario) fueron vetados por el intendente, vetos que no son tratados en el Concejo y que fueron enviados a archivo por considerar que “no corresponden”. A partir de aquí se generó el conflicto de poderes, ya que desde el ejecutivo consideran que los vetos “son válidos”. Lo curioso es que ambos, para fundamentar sus posiciones, citan a la misma ley: la 2756 Orgánica de Municipalidades y Comunas.

Ante esta situación, los tres partidos de la oposición (ARI, UCR y PS) se unieron y crearon una junta interpartidaria y en un duro comunicado denuncian que el oficialismo “está destruyendo el sistema de control y división de poderes local, pisoteando claras normas legales y constitucionales, imponiendo una virtual clausura del organismo deliberativo”. El ejecutivo municipal contestó con el pedido de una auditoría a la Subsecretaría de Municipios y de esa cartera provincial vinieron a Reconquista (el jueves 7 al mediodía) Rosa Juárez, Directora General de Auditoría Interna, Dra. Ethel Mara Mustafá, Secretaria Técnica jurídica, quienes, realizaron su trabajo y se retiraron al día siguiente.

El informe final de esta auditoría, firmada por las dos funcionarias, dice textualmente: “De lo hasta aquí analizado se concluye que las erogaciones que totalizan la suma de $ 24.809.957,11 se realizaron dentro del total autorizado, en legal forma”. Estos resultados fueron hechos públicos por el Intendente durante una conferencia que dio junto a la Secretaria de Hacienda Marcela Borgo (el jueves 14 en el local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas), para la cual convocó a todas las instituciones de la ciudad, incluidas las vecinales y también a los concejales. De estos últimos, sólo concurrieron los cuatro oficialistas ya que, desde la vereda de enfrente, por ejemplo, el concejal Fernando Blanco opinó que “es muy pocp seria una auditoría que dura sólo 24 horas y (que está) realizada por amigos del Intendente”, en referencia a la Subsecretaría de Municipios.

Por su parte Hugo Firmán, presidente del bloque de concejales del Frente Progresista, dijo que “cómo va a investigar (Gabriel) Gasparutti (Subsecretario de Municipios) a la municipalidad de Reconquista siendo que él es uno de los principales sospechados de manejos irregulares en el movimiento de suelo de la obra playa de camiones”, ya que el hoy funcionario provincial fue, durante todo el 2005, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad. Se refería así al levantamiento con tierra de un predio de unas 10 hectáreas, ubicado en la zona sur de la ciudad, con destino a una futura playa de camiones, que le insumió al municipio un gasto de aproximadamente $ 120 mil. Según los concejales de la oposición, después de haber inspeccionado con técnicos el lugar, el volumen de tierra informado por la Secretaría de Servicios Públicos “no coincide” con el que ellos verificaron, razón por la cual este tema está incluido en la denuncia penal hecha contra el municipio.

Demoras en la justicia

El 6 de enero de 2006 Rolando Galfrascoli y Osvaldo Ormaechea, ambos dirigentes del ARI local, radicaron denuncia penal contra el municipio por la ampliación presupuestaria 2005, tal como se explica más arriba. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Enrique Müller. Meses después, promediando el año, este juez se excusó “por tener amistad con uno de los concejales denunciantes”, Héctor Gregoret (UCR). La causa pasó entonces al Juzgado Correccional del
Dr. Jorge Garlbucera, que -luego de un mes de estudiarla- decidió rechazar la excusación de Müller aduciendo que no es suficiente para apartarse de la misma el hecho de ser amigo de uno de seis denunciantes. Hace pocos días, y como consecuencia de esto, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelación Penal de Vera, que deberá resolver la competencia de la causa. Mientras tanto, y de acuerdo con la información, ni Müller ni Garlbucera ordenaron ninguna medida, lo que hace que la causa esté totalmente parada sin que se hayan tomado testimoniales ni realizado indagatoria alguna. Según Rolando Galfrascoli “con suerte recién para abril o mayo del 2007 la Cámara estará resolviendo recién qué juez tiene que actuar y, a este paso, las posibilidades de que esto se investigue a fondo disminuyen drásticamente”.

Presencia de legisladores

Todo esto motivó a los políticos opositores locales a pedir audiencia con el juez Müller y el fiscal Berzano y a convocar, para que participen de la misma, a los diputados provinciales Federico Pezz (UCR), Aurora Baudín (PS) y Alicia Gutiérrez (ARI). La entrevista con los jueces se llevó a cabo el viernes 8 de este mes y luego de la misma, la concejala Silvia Virili dijo que “cada vez tengo más dudas de la independencia de la justicia”. Firmán aseguró que “la justicia lenta no es justicia, hace ocho meses que se pasan la pelota de un juzgado a otro y, salvo por alguna medida ordenada por (el fiscal) Berzano, acá nadie movió un dedo”. Por su parte, la diputada Alicia Gutiérrez expresó su deseo de que la causa no prescriba: “estamos reclamando a los concejales y diputados que haya transparencia en el manejo de las cuentas públicas, y que se informe a todas las ciudadanas y ciudadanos, es decir, que esto sea todo claro. Y, si se cometió algún delito, que el mismo sea investigado y castigado el responsable. Los denunciantes consideran que acá no se actuó correctamente y que hay una cantidad de dinero importante, casi $ 5 M, que debe saberse en qué se utilizaron y por qué los utilizaron, cuando en realidad no tenían autorización del Concejo”.

El Ejecutivo municipal pidió ampliar el actual presupuesto en $ 2,2 M

Como si todo lo narrado fuera poco, hay todavía más, ya que recientemente entró al Concejo un nuevo pedido de ampliación presupuestaria, esta vez con más tiempo que el año pasado, y es por $ 2,2 M, de los cuales el 98% corresponde a gastos en personal. Ante este escenario, todo parecería indicar, hasta el momento, que va a pasar lo mismo que con el pedido anterior, ya que, desde el Concejo están reclamando informes sobre qué cantidad de personal se desempeña en el municipio, es decir, empleados de planta permanente, contratados y planes de empleo, y a qué lugares están afectados, algo sobre lo que no se hacen muchas ilusiones de obtener respuestas rápidamente.

Carlos Cenoz