La norma consagra "el derecho a la información de los actos de gobierno" de los tres poderes del Estado, pero con la incorporación de una restricción por la cual quienes pretendan acceder a ella deberán "invocar un interés legítimo"
Precisamente por ese requisito la oposición rechazó la normativa, que sólo fue aprobada por la bancada oficialista. Ese artículo estudia vetar el gobernador.
La reacción en la Casa Gris comenzó a madurarse ni bien el Senado convirtió en ley el proyecto, que integró el paquete de leyes que Obeid enviara a la Legislatura 48 horas después de haber iniciado su mandato, el 12 de diciembre de 2003.
El requisito ("interés legítimo") que le agregaron los senadores cuando el 26 de agosto de 2004 le dieron media sanción distorciona el derecho a la información. Por eso los gremios periodísticos, las entidades civiles, organismos de derechos humanos y colegios profesionales alzaron una unánime protesta.
Posteriormente Diputados, tras un riquísimo debate, eliminó la polémica exigencia. Ayer cuando el Senado trató en segunda revisión la iniciativa por las modificaciones de Diputados, el bloque peronista aconsejó insistir con el mismo proyecto que ese cuerpo había producido en el 2004.
Lo hicieron, en silencio. El senador Raúl Gramajo, mentor e impulsor del artículo 4 se retiró del recinto antes del tratamiento. La oposición volvió a formular reproche en la intervención de la socialista Patricia Sandoz, a quien acompañaron con su voto su colega, Marta Nardoni, y los radicales Carlos Fascendini y Felipe Michlig, quienes votaron por el proyecto venido de Diputados. Es decir, por un acceso ciudadano a la información de los actos de gobierno sin restricción.
"¿Quién me puede decir qué es un interés legítimo? ¿Quién determina lo que es el interés legítimo? El gobierno", puso el dedo en la llaga Sandoz para demostrar el sentido escasamente democrático del artículo 4 y atacó los argumentos oficialistas, ayer silenciados por la huida de Gramajo. Luego lanzó el guante hacia la Casa Gris al recordar que ahora será el Ejecutivo el que deberá reglamentar la ley "con un decreto que lleve la firma del gobernador y donde se deberá especificar qué es interés legítimo".
El jefe de la bancada peronista, Daniel Depetris, buscó suavizar el efecto irritativo de lo votado por su bloque. "El artículo 4 -explicó a la prensa- dice "invocar", no demostrar ni nada parecido, con lo que no veo inconveniente para que cualquier ciudadano acceda a la información que requiera", dijo.
Repudio del Sindicato de Prensa
La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario (SPR) repudió ayer la incorporación de la limitación del "interés legítimo" al proyecto de ley de acceso a la información pública aprobado Senadores.
El SPR consideró que "la sanción de una norma sin restricciones es de vital importancia, porque entre otros beneficios garantiza la trasparencia de las gestiones administrativas y tiende a evitar actos de corrupción, promoviendo el ejercicio responsable del poder".
Precisamente por ese requisito la oposición rechazó la normativa, que sólo fue aprobada por la bancada oficialista. Ese artículo estudia vetar el gobernador.
La reacción en la Casa Gris comenzó a madurarse ni bien el Senado convirtió en ley el proyecto, que integró el paquete de leyes que Obeid enviara a la Legislatura 48 horas después de haber iniciado su mandato, el 12 de diciembre de 2003.
El requisito ("interés legítimo") que le agregaron los senadores cuando el 26 de agosto de 2004 le dieron media sanción distorciona el derecho a la información. Por eso los gremios periodísticos, las entidades civiles, organismos de derechos humanos y colegios profesionales alzaron una unánime protesta.
Posteriormente Diputados, tras un riquísimo debate, eliminó la polémica exigencia. Ayer cuando el Senado trató en segunda revisión la iniciativa por las modificaciones de Diputados, el bloque peronista aconsejó insistir con el mismo proyecto que ese cuerpo había producido en el 2004.
Lo hicieron, en silencio. El senador Raúl Gramajo, mentor e impulsor del artículo 4 se retiró del recinto antes del tratamiento. La oposición volvió a formular reproche en la intervención de la socialista Patricia Sandoz, a quien acompañaron con su voto su colega, Marta Nardoni, y los radicales Carlos Fascendini y Felipe Michlig, quienes votaron por el proyecto venido de Diputados. Es decir, por un acceso ciudadano a la información de los actos de gobierno sin restricción.
"¿Quién me puede decir qué es un interés legítimo? ¿Quién determina lo que es el interés legítimo? El gobierno", puso el dedo en la llaga Sandoz para demostrar el sentido escasamente democrático del artículo 4 y atacó los argumentos oficialistas, ayer silenciados por la huida de Gramajo. Luego lanzó el guante hacia la Casa Gris al recordar que ahora será el Ejecutivo el que deberá reglamentar la ley "con un decreto que lleve la firma del gobernador y donde se deberá especificar qué es interés legítimo".
El jefe de la bancada peronista, Daniel Depetris, buscó suavizar el efecto irritativo de lo votado por su bloque. "El artículo 4 -explicó a la prensa- dice "invocar", no demostrar ni nada parecido, con lo que no veo inconveniente para que cualquier ciudadano acceda a la información que requiera", dijo.
Repudio del Sindicato de Prensa
La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario (SPR) repudió ayer la incorporación de la limitación del "interés legítimo" al proyecto de ley de acceso a la información pública aprobado Senadores.
El SPR consideró que "la sanción de una norma sin restricciones es de vital importancia, porque entre otros beneficios garantiza la trasparencia de las gestiones administrativas y tiende a evitar actos de corrupción, promoviendo el ejercicio responsable del poder".
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