La “Causa Brusa” fue elevada a juicio Oral

Investiga delitos de lesa humanidad ocurridos en Santa Fe durante la última dictadura. Denuncia a María Eva Aebi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Mario José Facino, Juan Calixto Perizzotti y Eduardo Alberto Ramos.

Fuente: El Litoral

Tras cinco año de trámites, trabas procesales, fiscales federales inhibidos o excusados, dos fiscales ad hoc designados, un juez excusado, otro separado del proceso y cientos de hechos pantanosos, abusivos y amedrentadores, fue elevada a juicio oral la causa federal más grande que investigó los delitos de lesa humanidad en Santa Fe durante la última dictadura militar en la ciudad capital provincial y la zona. Fue, finalmente, un joven abogado penalista, designado conjuez, el que la mañana de este martes transitó uno de los pasos más importantes del proceso: elevar a juicio la causa 152/07 (ex 311/02). Leandro Corti presentó el auto de elevación a juicio en la Justicia Federal, un escrito de más de cien páginas detallando los pasos del proceso, la evolución de las diligencias, tipificando los delitos y cumpliendo las formas procesales requeridas. Las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia penal formulada por el Dr. Eduardo R. Freiler, Fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 6 de la ciudad de Buenos Aires, contra María Eva Aebi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Mario José Facino, Juan Calixto Perizzotti y Eduardo Alberto Ramos. En razón que los hechos denunciados se habían cometido en el ámbito territorial correspondiente a la competencia de la jurisdicción federal de la ciudad de Santa Fe, en fecha 24 de mayo de 2002, la Procuradora Fiscal Federal de esta ciudad, elevó la denuncia penal al Juez Federal en turno de nuestra ciudad. La entonces Fiscal de grado interviniente, Dra. Griselda Tessio, se excusó alegando diversas circunstancias de conformidad, y solicita prosiga la intervención en la causa de su subrogante legal, la Fiscal Dra. Cintia Gómez, que también se inhibe y solicitó que se designe al entonces subrogante legal, Alejandro Luengo, otro excusado que dejará –un año más tarde-, finalmente la defensa pública a Eduardo Grioglio. El 14 de agosto de 2002, el primer juez a cargo de la causa, Reinaldo Rodríguez, declaró la inconstitucionalidad de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue el comienzo de la investigación. Las primeras medidas del proceso fueron pedir a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (con ese rango en el 2002), los legajos formados por la CONADEP y/o por esa Subsecretaria, correspondientes a Anatilde María Bugna, Stella Maris Vallejos, José Ernesto Schulman, Carlos Aníbal Luis Pacheco, Ana María Cámara, Patricia Amalia Traba, Rubén Maulín, Orlando Barquín, Beatriz Liliana Poi, Patricia Indiana Isasa, Susana Alicia Molinas y Roberto Jorge Cepeda. La siguiente fue la solicitud de todas las copias de las declaraciones ante el Juzgado Central de Instrucción Nº: 5 de la Audiencia Nacional de Madrid de los testimonios obrantes en el “Sumario 19/97 – L. TERRORISMO Y GENOCIDIO”, donde se hace referencia a los imputados Víctor Hermes Brusa, María Eva Aebi, Héctor Romeo Colombini, Mario José Facino, Juan Calixto Perizzoti y Eduardo Alberto Ramos, y a las declaraciones testimoniales de Anatilde María Bugna, Stella Maris Vallejos, José Ernesto Schulman, Carlos Aníbal Luis Pacheco, Ana María Cámara, Patricia Amalia Traba, Rubén Maulín, Orlando Barquín, Beatriz Liliana Poi, Patricia Indiana Isasa, Susana Alicia Molinas y Roberto Jorge Cepeda. En el 2002, también, se constituyó como querellante en el proceso el abogado local Jorge Daniel Pedraza, uno de los más activos impulsores de la causa Brusa. Desde ese entonces comenzó una investigación judicial que tuvo muchísimas trabas procesales en su tramitación, pero también errores observados por los Tribunales de Alzada. El 17 de febrero de 2005, el juez Reinaldo Rodríguez procesó a Aebi, Brusa, Colombini, Facino, Perizzotti, Ramos y Correa (fallecido en 2007) por considerarlos presuntos autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos, todos en concurso real, y le trabó un embargo de 800 mil pesos a cada uno. En el procesamiento también fueron valoradas las declaraciones testimoniales del matrimonio conformado por Daniel García y Alba Sánchez, los dos también constituidos como querellantes en la causa. Ambos, estuvieron detenidos en un chupadero ubicado en las afueras de la ciudad, en adyacencias (según el propio relato de las víctimas) del coqueto barrio de Villa California, en Rincón. En abril del 2005, el juez Rodríguez procesó al Teniente Coronel retirado Domingo Manuel Marcellini, uno de los militares más formados en el país en materia de Inteligencia, al punto que egresó el 27 de abril de 1973 de la Escuela de las Américas, según consta en el legajo castrense, incorporado al expediente judicial. Estuvo detenido en dependencias del Batallón de Anfibios de Santo Tomé, pero luego fue alcanzado por el beneficio de la prisión domiciliaria, reside en Mendoza. El 12 de julio de 2006 fue indagado el Coronel Retirado del Ejército, Juan Orlando Rolón y el 26 fue procesado por el juez Rodríguez. Pero fue en el período en que la causa pendía de un hilo. La defensa de uno de los imputados pidió la separación del juez porque había incurrido en una falta grave: haber dictado el auto de procesamiento a seis de los detenidos por el delito de asociación ilícita si habérselos imputado en la indagatoria. Una densa (algunos dirán interesada) pero correcta intervención de la Cámara Federal de Apelaciones derivó en otra resolución en Casación. Rodríguez fue finalmente apartado de la sustanciación del expediente y, esta vez, la causa estaba más de enlodada. En el medio, ocurrió un hecho curioso. En junio de 2006, Notife.com hizo público que el conjuez sorteado para la tramitación del proceso, Carlos Lassaga Iturraspe, había declarado a favor de Brusa en un jury del Consejo de la Magistratura y había firmado una solicitada de apoyo al ex presidente de facto Videla. En marzo de 2007, conforme la recomendación realizada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se procede al sorteo de juez federal ad-hoc de la lista de conjueces, resultando Leandro Corti el designado. El abogado santafesino, de 35 años, ordenó la causa, pero el tiempo apremiaba frente al voluminoso expediente. Corti prorrogó algunas prisiones preventivas y apostó fuerte: primero le revocó la prisión domiciliaria a Nicolás “el Teté” Correa quien fue descubierto por la fotógrafa del Diario Uno circulando en la vía pública, a pesar de la restricción. (Ver en Nota vinculada el perfil de Correa). Después solicitó la nulidad de decisiones adoptadas por Rodríguez, entre ellas la indagatoria y el procesamiento de Rolón, el Fiscal Grioglio la apeló el 23 de agosto del año pasado y las medidas entonces preparadas por el conjuez quedaron en suspenso. En tanto, se desacumuló la sustanciación de la particular situación de Rolón del resto de los imputados. En el epílogo del 2007, la Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó la nulidad y aún no fue apelada en la Cámara de Casación. Si eso no ocurre, Rolón puede volver a ser indagado entre el 12 y el 15 de febrero del 2008, cuando caiga el período de apelaciones. ¿Cómo sigue? La elevación a juicio contempla la definición de los procesos iniciados a: Brusa, Aebi, Ramos, Colombini, Perizzotti, Facino y Marcellini. La muerte de Nicolás Correa el año pasado hizo, claro está, extinguir la acción penal. El proceso abierto contra Rolón fue desacumulado de esta tanda de imputados. (Resolución Nro. 391 de fecha 27 de agosto de 2007, donde Corti ordenó la desacumulación de las causas referidas a los hechos pendientes de resolución, disponiéndose su tramitación por separado, lo que motivó la formación del Expediente Nº: 540/07, autos caratulados: “Rolón Juan Orlando S/ Infracción Art. 144 ter., 1 parte del C.P según ley 14.616, arts. 144 bis inc. 1, 142 inc. 1 y art. 144 bis, último párr. del C.P. según ley 23.077, art. 210 del C.P. – Brusa, Víctor H. – Colombini, Héctor R. – Ramos, Eduardo A. – Perizzotti, Juan C. – Aebi, María E. – Facino, Mario J. – Marcellini, Domingo M. s/ Inf. Art. 210 C.P.”, de trámite ante este Juzgado.-) El auto de elevación a juicio puede ser susceptible de un pedido de nulidad de las defensas técnicas de los imputados. En ese caso, el conjuez Corti rechazará in límine la hipotética situación. La semana que viene debería constituirse el Tribunal Oral Federal, integrado por los doctores Ramiro Puyol, José María Escobar Cello y María Ivón Vella, para resolver la situación de los imputados, todos con prisión preventiva. (la de Brusa, Ramos, Perizzotti y Colombini vencen el 2 de febrero, la de Aebi el 4 y la de Facino el 8 del mismo mes). Corti ya decidió que el auto de elevación a juicio y el posible rechazo in limine de un pedido de nulidad serán sus últimas diligencias como conjuez. La situación de Rolón deberá ser sustanciada por otro conjuez sorteado por la Cámara de Apelaciones de Rosario. Si la confirmación de las nulidades dictadas por Corti no es apelada, el ex Coronel retirado tendrá que ser indagado a mediados de febrero cuando caiga el plazo que establece el procedimiento penal para estos casos. María Eva Aebi (ex carcelera durante la dictadura) está detenida en la Guardia de Infantería Reforzada y Eduardo Ramos (un ex agente del D2 de la Policía santafesina y ex candidato a concejal por el PJ) en la Agrupación Cuerpos de Bomberos de la Unidad Regional Uno de la Policía santafesina. Mario José Facino cumple el arresto domiciliario en Rincón, un pueblito ubicado sobre la ruta provincial Nº 1, en donde el imputado fue presidente comunal en la democracia. Héctor “el Pollo” Colombini (quien fuera Director de Drogas Peligrosas en la democracia) y Juan Calixto Perizzotti (ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, G.I.R) y Domingo Marcellini (ver nota relacionada con sus antecedentes) están detenidos en sus domicilios, el último en la provincia de Mendoza. El ex juez federal Víctor Brusa está alojado en una sala de un sanatorio privado en la capital santafesina. En diálogo con un medio radial, Daniel García, uno de los querellantes de la causa, expreso que “no nos causa alegría pero nos da una especie de satisfacción porque vamos arribando a la meta que venimos buscando desde hace tiempo. Nosotros deseamos que durante el transcurso del juicio oral salgan a la luz muchas cosas que permanecen ocultas. Nosotros estamos convencidos que los que van a sentarse en el banquillo de los acusados nunca jamás develaron los secretos que guardan”. Además, García agregó que “lo más interesante de todo sería que aparezcan algunos datos y algunas pistas para saber donde están los más de 80 compañeros desaparecidos en Santa Fe. La gran mayoría de ellos formaban parte del grupo de tarea que secuestraba a los militantes, los torturaban y los ejecutaban”.