La nueva ley de jubilaciones, un tema central del Congreso
Fuente UNO
El Gobierno pretende aprobar en la semana la nueva norma. Otras dos iniciativas prioritarias a tratar son la moratoria impositiva para prestadores de salud y la renegociación por los aeropuertos.
El Senado iniciará en la semana la actividad legislativa oficial con el tratamiento de dos proyectos sociales importantes: el que establece la libre elección del sistema de jubilación, y el que establece una moratoria impositiva para prestadores de la salud.
Pero junto con esas iniciativas que cuentan con un respaldo político amplio también se tratará la renegociación de un contrato polémico: el que permitirá a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000) seguir manejando 33 terminales aeroportuarias hasta el año 2028.
Si bien no está muy definido aún, la aspiración del oficialismo es poder aprobar los tres temas en una única sesión que se realizará mañana.
El proyecto central del período extraordinario es el que remitió el Gobierno para permitir la libre opción jubilatoria entre el sistema público de reparto y el régimen privado de capitalización.
La iniciativa se debatió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, a la que concurrieron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular del Ansés, Sergio Massa.
En ese encuentro se percibió un alto grado de consenso entre oficialistas y opositores a favor del proyecto, inclusive a la hora de introducirle una modificación: la incorporación de un artículo que especifique que los mayores recursos generados por el traspaso de fondos del régimen de capitalización al de reparto deberán ser destinados al sistema jubilatorio y no podrán ser derivados a otros fines.
Los aportantes podrán elegir el sistema de su preferencia durante un plazo inicial de 180 días, y la posibilidad de volver a hacerlo cada cinco años, hasta los 50 años de edad en el caso de las mujeres, y los 55 años en el caso de los hombres.
El proyecto también contempla una garantía de jubilación mínima para aquellos que no hayan completado todos los aportes al momento del retiro, y la limitación del porcentaje de las comisiones que cobran las AFJP, que a partir de la sanción de la ley no podrán exceder el 1 por ciento de los haberes aportados.
El segundo proyecto de importancia es el que le permitirá a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores de la salud en general prorrogar por 15 años sus deudas con la Afip, a una tasa del 6 por ciento anual.
El ministro de Salud, Ginés González García, estuvo en el Senado la semana pasada para defender esta propuesta del gobierno, que fue recibido con algún escepticismo por la oposición ante la falta de datos sobre cuánta es la deuda del sector con el ente recaudador.
De todos modos, el oficialismo siguió adelante con su tarea de hacer firmar el dictamen de comisión, y en virtud de su amplia mayoría en el Senado es probable que puedan aprobar el tema sobre tablas.
Pero el tema más conflictivo de este paquete es el tratamiento que extiende la concesión a AA 2000.
Si bien en la audiencia pública del 1 de febrero no hubo muchos cuestionamientos al acuerdo elaborado por Uniren, en la última reunión de comisión el radicalismo dijo que votará en contra porque no está de acuerdo con la flexibilidad que otorga el contrato a la empresa concesionada.
El nuevo contrato ratifica el plazo de vigencia de la concesión hasta 2028 y establece que la empresa deberá saldar una deuda con el Estado de 849 millones de pesos, que cancelará con acciones y obligaciones negociables convertibles en acciones a favor del Estado por hasta el 20 por ciento del capital social.
No se aplicará más el cobro de un canon anual fijo por parte del Estado, y se estableció un Plan de Inversiones hasta el fin de la concesión de 978 millones de pesos hasta 2010, y de 1.180 millones de pesos, desde 2011 a 2028.
El Gobierno pretende aprobar en la semana la nueva norma. Otras dos iniciativas prioritarias a tratar son la moratoria impositiva para prestadores de salud y la renegociación por los aeropuertos.
El Senado iniciará en la semana la actividad legislativa oficial con el tratamiento de dos proyectos sociales importantes: el que establece la libre elección del sistema de jubilación, y el que establece una moratoria impositiva para prestadores de la salud.Pero junto con esas iniciativas que cuentan con un respaldo político amplio también se tratará la renegociación de un contrato polémico: el que permitirá a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000) seguir manejando 33 terminales aeroportuarias hasta el año 2028.
Si bien no está muy definido aún, la aspiración del oficialismo es poder aprobar los tres temas en una única sesión que se realizará mañana.
El proyecto central del período extraordinario es el que remitió el Gobierno para permitir la libre opción jubilatoria entre el sistema público de reparto y el régimen privado de capitalización.
La iniciativa se debatió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, a la que concurrieron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular del Ansés, Sergio Massa.
En ese encuentro se percibió un alto grado de consenso entre oficialistas y opositores a favor del proyecto, inclusive a la hora de introducirle una modificación: la incorporación de un artículo que especifique que los mayores recursos generados por el traspaso de fondos del régimen de capitalización al de reparto deberán ser destinados al sistema jubilatorio y no podrán ser derivados a otros fines.
Los aportantes podrán elegir el sistema de su preferencia durante un plazo inicial de 180 días, y la posibilidad de volver a hacerlo cada cinco años, hasta los 50 años de edad en el caso de las mujeres, y los 55 años en el caso de los hombres.
El proyecto también contempla una garantía de jubilación mínima para aquellos que no hayan completado todos los aportes al momento del retiro, y la limitación del porcentaje de las comisiones que cobran las AFJP, que a partir de la sanción de la ley no podrán exceder el 1 por ciento de los haberes aportados.
El segundo proyecto de importancia es el que le permitirá a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores de la salud en general prorrogar por 15 años sus deudas con la Afip, a una tasa del 6 por ciento anual.
El ministro de Salud, Ginés González García, estuvo en el Senado la semana pasada para defender esta propuesta del gobierno, que fue recibido con algún escepticismo por la oposición ante la falta de datos sobre cuánta es la deuda del sector con el ente recaudador.
De todos modos, el oficialismo siguió adelante con su tarea de hacer firmar el dictamen de comisión, y en virtud de su amplia mayoría en el Senado es probable que puedan aprobar el tema sobre tablas.
Pero el tema más conflictivo de este paquete es el tratamiento que extiende la concesión a AA 2000.
Si bien en la audiencia pública del 1 de febrero no hubo muchos cuestionamientos al acuerdo elaborado por Uniren, en la última reunión de comisión el radicalismo dijo que votará en contra porque no está de acuerdo con la flexibilidad que otorga el contrato a la empresa concesionada.
El nuevo contrato ratifica el plazo de vigencia de la concesión hasta 2028 y establece que la empresa deberá saldar una deuda con el Estado de 849 millones de pesos, que cancelará con acciones y obligaciones negociables convertibles en acciones a favor del Estado por hasta el 20 por ciento del capital social.
No se aplicará más el cobro de un canon anual fijo por parte del Estado, y se estableció un Plan de Inversiones hasta el fin de la concesión de 978 millones de pesos hasta 2010, y de 1.180 millones de pesos, desde 2011 a 2028.
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